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1.4 Uso Conforme de la IA

Aviso: Hemos investigado este capítulo con cuidado, pero el derecho de la IA es un ámbito que cambia con rapidez. Las normas pueden haber cambiado desde su publicación, así que comprobad siempre la situación jurídica actual y adaptadla a vuestra legislación nacional cuando sea necesario. Este capítulo no constituye asesoramiento jurídico.

Mensaje clave

  • No existe un vacío legal. El derecho de protección de datos siempre ha sido aplicable.

  • El calendario se movió. Las obligaciones de alto riesgo para la IA educativa empiezan el 2 de diciembre de 2027, no en agosto de 2026. Comprobad los materiales de vuestra escuela (véase también 1.6).
  • Ya vinculante desde febrero de 2025. Los sistemas que leen las emociones del alumnado a partir de su cara o su voz están prohibidos, y las escuelas que usan IA deben tomar medidas para desarrollar la alfabetización en IA de su personal. Desde agosto de 2026, los chatbots deben indicar que son IA y los deepfakes deben etiquetarse.
  • La capa más difícil es la protección de datos. Ningún dato personal del alumnado sin un contrato que excluya el entrenamiento con vuestros datos; el consentimiento normalmente no es válido; eliminar los nombres no anonimiza.
  • En derechos de autor, el problema es lo que subís. La excepción docente no cubre introducir obras protegidas en una IA.
  • Los detectores no sirven como prueba. Los tribunales han aceptado conclusiones extraídas de hechos concretos. Las reglas deben ser claras de antemano, y pedir que se declare el uso vence a prohibir.
  • Las calificaciones siguen siendo humanas. Nos parece obvio, pero es importante señalarlo: aprobar automáticamente la sugerencia de una IA no es una decisión humana.
  • La responsabilidad recae en la contratación, no en vosotros — y el cumplimiento normativo habilita. Las escuelas con reglas claras son aquellas cuyo profesorado declara ahorrar más tiempo.

Si solo recordáis una frase de esta página: el cumplimiento normativo es una casa, no un muro.

¿Qué puedo hacer?

Tened presentes estos cuatro pasos antes de escribir, pegar o subir nada. Usad el siguiente esquema como guía general. Los requisitos de vuestro país pueden diferir de los que se indican aquí. Por eso, comprobad siempre la normativa específica de vuestro país y de vuestro centro.

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Fig. 1: «...» (imagen generada con IA, ...)

«Ni siquiera tenemos claro qué podemos hacer, y menos aún en lo que respecta a la protección de datos».

El diario de lectura, una tercera mirada

Nuestro estudiante de 3.º de la ESO, su diario de lectura, la sospecha de su profesor. En el Capítulo 1.2, era una cuestión de aprendizaje; en el Capítulo 1.3, de criterio profesional. Aquí es un expediente judicial.

En diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Hamburgo, Alemania, resolvió sobre una solicitud urgente en este caso. El profesor de inglés había notado que el diario de lectura estaba escrito con un nivel de ortografía, gramática y vocabulario muy superior al del examen de clase del chico sobre el mismo libro. Más tarde, el alumno admitió haber usado ChatGPT, y la escuela calificó el diario como un intento de engaño. Su padre solicitó al tribunal medidas urgentes; el tribunal las rechazó. Su razonamiento va más allá de este caso: el alumnado debe asumir que tiene que hacer su trabajo completamente solo, salvo que se haya permitido expresamente una ayuda, por lo que el uso no declarado de IA cuenta como engaño incluso sin una norma escrita contra la IA. (En este caso, de hecho, el profesor había dicho a la clase que no se permitía ChatGPT). Una salvedad que conviene tener presente desde el principio: se trata de un único tribunal, en un procedimiento de urgencia, y la decisión no es firme.

Este es un buen momento para abordar el malentendido más común en este campo. No existe un vacío legal. Nunca lo ha habido.

La casa tiene tres plantas

La mayoría del profesorado imagina el derecho sobre la IA como un único muro en construcción en algún lugar de Bruselas. Sin embargo, es más útil imaginar una casa en la que ya vivís. Los cimientos son la protección de datos. Son estructurales. Se colocaron hace años. Rigen vuestra mañana de martes. La planta superior es la Ley de IA de la UE, la ley europea sobre IA, que clasifica los sistemas según su potencial de daño e impone obligaciones más estrictas cuanto mayor es el riesgo. Está parcialmente ocupada y todavía en construcción, con la fecha de finalización recién retrasada. Las puertas y ventanas son el derecho de autor y la normativa de exámenes: pequeños y específicos, y en contacto diario sin que os deis cuenta.

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Fig. 2: «El cumplimiento normativo es una casa» (imagen generada con IA, ...)

Planta baja: la protección de datos, más clara de lo que muchos piensan

Tratar los datos personales de alguien siempre requiere una base legal. Como organismo público, el permiso de una escuela procede esencialmente de sus obligaciones legales conforme a la normativa escolar. No existe una licencia general que venga incluida con ser docente.

De ahí se derivan tres consecuencias, que forman el núcleo práctico de este capítulo.

El consentimiento no es una solución. Una solución obvia sería simplemente pedírselo a las familias. Sin embargo, este enfoque tiene dos inconvenientes. Primero, el consentimiento debe darse libremente. En un contexto escolar donde las calificaciones son un factor, la petición de un docente no constituye una elección libre. Segundo, el consentimiento debe ser informado, algo difícil de lograr cuando nadie sabe dónde acabarán los datos. El permiso debe proceder de la normativa escolar, no de una firma, ya que esto traslada la responsabilidad hacia arriba, lejos de vosotros.

Eliminar los nombres no anonimiza los datos. En 2024, las autoridades alemanas de protección de datos declararon conjuntamente que, si alguien todavía puede ser identificado a partir del contexto, el dato sigue siendo personal. Esto es especialmente problemático en las escuelas porque los tipos de texto con los que el profesorado más quiere ayuda —como redacciones, escritura libre y diarios de aprendizaje— identifican a su autor por el estilo.

La línea divisoria es el contrato: un proveedor puede tratar vuestros datos si lo hace estrictamente según vuestras instrucciones y existe un acuerdo por escrito a tal efecto. Sin embargo, en el momento en que usa lo que escribís para sus propios fines, el arreglo se derrumba, porque ya no trabaja en vuestro nombre. Así que la prueba práctica es esta: ¿existe tal acuerdo, y excluye el entrenamiento con vuestros datos? Si no, no debería introducirse ningún dato personal.

Dos notas al margen que merece la pena señalar: los datos relativos a la salud y la discapacidad están sujetos a una protección aún más estricta según el derecho de la UE. No deben introducirse en una herramienta de IA. Y cuando el profesorado usa dispositivos privados, al menos dos estados alemanes (Renania del Norte-Westfalia y Baviera) dejan claro que la responsabilidad en materia de protección de datos recae en la escuela y en su dirección, que debe autorizar ese uso.

Planta superior: lo que la Ley de IA exige ya y lo que todavía no

He aquí la corrección que deja obsoletas la mayoría de las guías existentes. En julio de 2026, mediante un reglamento modificativo conocido como Digital Omnibus, la UE aplazó el conjunto más pesado de obligaciones de la Ley de IA para la educación, las correspondientes a los sistemas clasificados como de alto riesgo, es decir, los sistemas usados para decidir admisiones, evaluar lo que ha aprendido el alumnado o vigilarlo durante los exámenes, de agosto de 2026 al 2 de diciembre de 2027. Muchos materiales escritos en 2025 y principios de 2026 todavía imprimen la fecha antigua. Si un documento de vuestra escuela lo hace, necesita una nota a pie de página.

La corrección más útil va en el sentido contrario: lo que ya se aplica se subestima, y lo que se discute sin parar todavía no se aplica.

Dos cosas son vinculantes desde el 2 de febrero de 2025.

  • El reconocimiento de emociones en las escuelas está prohibido. Los sistemas que afirman leer los sentimientos del alumnado a partir de su cara, su voz o su cuerpo —análisis del estado de ánimo, puntuación del «compromiso» a partir de una cámara web— están en la breve lista de prácticas que la Ley simplemente prohíbe, con excepciones limitadas por motivos médicos o de seguridad. Las herramientas que solo detectan el cansancio o si alguien está mirando la pantalla son una zona gris; es una cuestión de contratación, no del aula.
  • Las escuelas que despliegan IA deben tomar medidas para desarrollar la alfabetización en IA de su personal. Desde julio de 2026, la ley establece que no hay que garantizar ningún nivel concreto, pero no hacer nada no es una opción. Esta obligación no lleva aparejada ninguna multa a escala de la UE, por lo que se pasa por alto ampliamente; las autoridades nacionales pueden exigir su cumplimiento desde agosto de 2026.

A partir del 2 de diciembre de 2026, queda prohibida la IA que crea deepfakes sexualizados de personas identificables.

Leed esa segunda obligación junto al Capítulo 1.2 y algo encaja. La brecha entre saber sobre la IA y ser capaz de enseñar con ella ya no es solo un problema profesional. Desde febrero de 2025, las escuelas están legalmente obligadas a trabajar en ello.

Desde el 2 de agosto de 2026, los chatbots deben informar a los usuarios de que son IA, y los proveedores deben marcar el contenido generado por IA de forma legible por máquina; las propias escuelas deben etiquetar los deepfakes y los textos escritos por IA que publiquen para informar al público. Una ficha de trabajo revisada por un docente no necesita etiqueta. A partir del 2 de diciembre de 2027, se aplican las obligaciones para los sistemas de alto riesgo: los sistemas usados para decidir quién es admitido, evaluar lo que ha aprendido el alumnado o vigilarlo durante los exámenes. Quien use un sistema así asume entonces obligaciones propias, entre ellas la de encomendar la supervisión a personas que tengan, en palabras de la Ley, «la competencia, la formación y la autoridad necesarias».

Puertas y ventanas: derechos de autor y exámenes

Contraintuitivamente, lo que sale es la parte fácil. Un texto o una imagen que una IA genera por sí sola no tiene autor humano en el sentido que exige el derecho de autor, así que suele estar libre de derechos de autor; cuando una persona le da forma mediante sus propias decisiones creativas, el resultado puede quedar protegido. Sin embargo, eso no garantiza que esté «limpio»: en una sentencia muy comentada, un tribunal de Múnich determinó que un chatbot había memorizado letras de canciones y las había reproducido casi palabra por palabra. El tribunal situó la responsabilidad en el proveedor, no en la persona que escribió la petición. La sentencia no es firme.

La excepción que permite al profesorado copiar material para sus clases cubre exactamente eso: copiar una parte limitada de una obra, para esa clase. Subir una obra protegida a un sistema de IA comercial es un acto diferente, y la excepción no lo contempla. El material elaborado específicamente para la enseñanza escolar, como los libros de texto y los cuadernos de trabajo, queda en principio excluido de la excepción, siempre que haya licencias fácilmente disponibles para él.

¿Cuánto debería preocuparos esto? Menos de lo que sugiere la brecha, y más que nada. La cuestión es genuinamente incierta: ningún tribunal superior se ha pronunciado sobre ella, y la literatura especializada considera que las excepciones existentes encajan mal con la situación. Cuando un titular de derechos presenta objeciones, la reclamación sería civil y, en la práctica, es un asunto de política escolar y contratación pública más que algo que un docente individual pueda resolver. Lo que está claro en la práctica es el caso concreto. Es la línea que trazan las editoriales educativas, y es la que merece la pena recordar: el material de libros de texto escolares y de editoriales no debería introducirse en herramientas de IA en absoluto, ni escaneado ni retecleado, ni siquiera para generar una ficha de trabajo.

La jurisprudencia en este campo es actualmente inconsistente en toda Europa. En febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Kassel, Alemania, resolvió dos casos universitarios de la misma manera, y con contundencia: aunque la universidad no tenía una prohibición explícita de la IA, la línea se cruzó «ya con un único uso no declarado de IA generativa». Las sentencias no son firmes. Ese mismo mes, un tribunal administrativo de París, en un procedimiento de urgencia, impidió que una universidad sancionara a un estudiante porque no había establecido de antemano ninguna norma sobre el uso de la IA. Un tribunal de apelación sueco había llegado antes a un resultado similar: un estudiante había entregado tres citas inventadas, pero las normas del curso permitían «todas las ayudas» en el trabajo para casa, así que no había ninguna norma que infringir. En los Países Bajos, en cambio, el tribunal administrativo supremo del país confirmó en julio de 2025 una sanción contra un estudiante de Derecho que había presentado cuatro fuentes inexistentes: el fraude quedó probado más allá de toda duda razonable, y no importaba si había tenido intención de engañar.

Así que el patrón entre jurisdicciones no depende de los países. Depende de si existía una norma de antemano, y de si el engaño quedó realmente demostrado.

De la práctica se derivan tres reglas.

  1. Los detectores no cargan con la prueba. Es la escuela la que tiene que demostrar el engaño. Los tribunales han aceptado conclusiones extraídas de hechos concretos: fuentes que resultan no existir, una clara diferencia entre lo que un estudiante escribe y lo que es capaz de explicar oralmente, saltos repentinos de nivel dentro de un mismo texto, una confesión. El estudiante puede entonces explicarse. El estilo de escritura por sí solo es una base débil: destacados comentaristas jurídicos alemanes dudan de que pueda sostener una conclusión. La salida de un detector es, en el mejor de los casos, un motivo para mirar con más atención. La tasa de fallos recogida en el Capítulo 1.3 lo hace inutilizable como prueba.
  2. Las reglas deben ser claras antes de la evaluación, no después. Ni una prohibición total ni un permiso total se sostienen. Lo que funciona es una declaración de trabajo independiente con una cláusula sobre la IA, más el deber de declarar qué se usó. Declarar en lugar de prohibir.
  3. Las calificaciones siguen siendo humanas. Las personas tienen derecho a no ser objeto de decisiones con efectos jurídicos tomadas únicamente por una máquina, y las escuelas no tienen base jurídica para tomar tales decisiones mediante software; una calificación es una de ellas. La Conferencia Permanente de Ministros de Educación y Cultura de Alemania lo formula con más fuerza todavía: la evaluación es una tarea que solo el profesorado puede realizar. Fundamentalmente, dar el visto bueno formalmente a la sugerencia de una IA no cuenta como una decisión humana. Así que el hallazgo de que las personas a menudo aceptan una retroalimentación de IA defectuosa es un problema jurídico además de pedagógico.

«Cada uno experimenta por su cuenta, así que las reglas cambian de una clase a otra».

Derecho, ética y didáctica convergen, por tanto, en la misma respuesta: evaluar el proceso, no solo el producto.

La verdadera dirección de la responsabilidad

En respuesta, Alemania ha introducido entornos escolares de IA provistos por el Estado. Son plataformas evaluadas con contratos negociados, en lugar de dejar que el profesorado se registre en lo que sea gratuito. Aunque esto resuelve problemas que el profesorado individual no puede resolver por sí solo, siguen siendo criticadas por cómo se gobiernan, si el profesorado realmente las acepta y si las evaluaciones que sustentan son sólidas. Como el despliegue difiere de un estado federado a otro, hará falta tiempo para ver cómo le va al profesorado con las plataformas.

Lo distintivo es más limitado de lo que podría parecer al principio, y merece la pena precisarlo. Alemania es el único sistema que hemos encontrado en el que un organismo público —el FWU, propiedad de los estados federados— desarrolla y gestiona la plataforma él mismo, con contratistas técnicos. Francia proporciona un software de práctica adaptativa para toda una promoción, pero lo encargó: una empresa privada escribió el software y otra aloja los datos. Varios otros países han comprado acceso a chatbots comerciales; la mayoría de los demás solo ofrece orientaciones.

Construirla vosotros mismos no os da automáticamente más control. La plataforma alemana funciona con los mismos modelos de lenguaje comerciales que todas las demás, en servidores europeos, como ha señalado una asociación del sector. En cambio, el sistema francés está alojado en Francia bajo la certificación de seguridad más alta emitida por el Estado francés. Un país construyó la superficie y alquila el motor, mientras que el otro compró el software y conserva las llaves del edificio. Ninguna de las dos opciones es claramente la más soberana, algo que conviene tener presente antes de usar ese término.

Los Países Bajos adoptaron un enfoque diferente, y merece la pena conocerlo porque ofrece una respuesta más honesta a la misma pregunta. En lugar de construir o comprar, las escuelas y universidades neerlandesas unieron fuerzas e hicieron evaluar formalmente a los principales proveedores. Cuando examinaron el asistente de IA de Microsoft, encontraron dos problemas que no pudieron resolverse: los criterios de un filtro de contenido automático que el proveedor no quiso revelar, y la retención de dieciocho meses de datos de diagnóstico que no podía justificarse. Negociaron. En marzo de 2026, sin embargo, el proveedor se negó a cambiar. La evaluación sigue por tanto en ámbar, y se aconseja a las escuelas neerlandesas actuar con cautela y usar su propio criterio caso por caso, en lugar de dar el visto bueno. Un país eliminó el riesgo construyendo a su alrededor, mientras que otro lo examinó de cerca y decidió que aún no estaba listo. Ambos enfoques ofrecen soluciones al problema planteado al principio de este capítulo.

La comparación también zanja una cosa más. La queja de que el profesorado prefiere el chatbot gratuito al oficial no se debe a un fallo de implementación en Alemania. En Estonia, donde el Estado negoció el acceso para el alumnado de secundaria superior, apenas algo más de un tercio usaba el chatbot oficial semanalmente siete meses después del inicio del programa. Resultó que la mayoría ya usaba herramientas gratuitas antes de que empezara. En todas partes, el entorno evaluado compite con el más cómodo. Proporcionar la herramienta oficial es necesario. Pero no es suficiente.

Sin embargo, el argumento estructural se mantiene: el cumplimiento normativo es una condición habilitadora, no un obstáculo. ¿Recordáis lo que se dijo en el Capítulo 1.2? Las escuelas con reglas claras tenían más docentes que usaban la IA y ahorraban más tiempo en total. Las reglas no frenaron el uso.